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Cítese este artículo como: Martha Abrahão Saad Lucchesi. "Políticas de Educación Brasileñas: las universidades latinoamericanas en las reformas neoliberales", artículo publicado en: La Tarea, revista de educación y cultura de la Sección 47 del SNTE/Jalisco (núm. 19, diciembre de 2006).


Políticas de Educación Brasileñas:

las universidades latinoamericanas en las reformas neoliberales

Martha Abrahão Saad Lucchesi*

* Profesora-investigadora del programa de Maestría en Educación de la Universidad Católica de Santos. Correo-e: mgrlucchesi@uol.com.br

La transformación radical del sistema educacional que fue heredado del colonizador requiere un esfuerzo interestrutural, es decir, un trabajo de transformación en el plano de la infraestructura y una acción simultánea en el de la ideología".1

Paulo Freire

Introducción

Las políticas públicas de educación siempre fueron subyacentes al modelo de nación que se pretende alcanzar, una breve retrospectiva histórica nos ofrece algunos ejemplos en este sentido. En las ciudades griegas, la polis por ejemplo, se buscaba instruir a los ciudadanos con principios y valores tendientes a la conservación del statu quo, esfuerzo en el cual se otorgaba a la educación un papel central. En Francia, por otro lado, durante el período napoleónico, la educación pública fue diseñada con el objetivo de servir a las necesidades de la producción fabril y la modernización tecnológica. Para desarrollar esta tesis, este trabajo toma como punto de partida el concepto de educación como bien público.2

     En la década de 1970, sobre todo a partir de la crisis del petróleo en 1973, se comenzó a cuestionar el modelo del Estado de bienestar social, en el cual el salario del trabajador era complementado con la seguridad social, incluyendo asistencia médica, educación y habitación.

     Esto ocurrió en el período inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial, después que el Estado capitalista asume el papel de controlar, o por lo menos atenuar, los ciclos económicos. Este tipo de intervención quedó conocido en la literatura como "activismo fiscal", resultado del dominio del abordaje keynesiano entre los economistas y formuladores de política. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de 1960 y, sobre todo, a partir de 1973, el "keynesianismo" entró en crisis, cuando la explosión de las deudas públicas, asociada a la crisis del petróleo, dejó más evidentes los límites de crecimiento del sistema.

     La pérdida de hegemonía de las políticas keynesianas en el plano general, ocurrida en los años setenta, estuvo aparejada a la crisis del fordismo —modelo de organización industrial que tenía como característica principal la administración orientada hacia la producción y consumo de masas— en el plano empresarial. Comenzaron a surgir, entonces, nuevos modelos de administración en la empresa capitalista, conocidos como "métodos de administración flexibles" (Harvey, 1989), cuyo aspecto central fueron las alteraciones en la forma de organización del proceso de trabajo dentro de las empresas. Al mismo tiempo, comenzó a tomar forma una crítica profunda al modelo de bienestar social, en virtud de los costos implícitos al modelo. En este contexto, ideas como "estado mínimo" y "privatización de los servicios" se hicieron predominantes, simultáneamente con el crecimiento del desempleo estructural y la precarización de las relaciones de trabajo. Peroni (1998), destaca que la disminución de la presencia del Estado se refiere exclusivamente al bienestar social y a la protección legal del trabajador. Este pensamiento político y económico quedó conocido como "neoliberalismo".

     De forma paralela, durante este mismo período se observó, de un lado, un crecimiento de las ganancias derivadas de actividades financieras superior al de las provenientes de actividades productivas y, por otro lado, a la globalización de las inversiones especulativas beneficiada por los cambios tecnológicos ocurridos en los sistemas de comunicación.

     En cada país, la intervención del Estado dependerá de las condiciones de reproducción de estas relaciones así como de las condiciones de acumulación productiva. Según Peroni (1998: 4):

(...) La historia del Brasil está marcada por el patrimonialismo —utilización del patrimonio público/colectivo para beneficio privado/individual—, clientelismo y los pactos entre las clases dominantes. Esto también se repitió durante el período de transición de la dictadura a la democracia, proceso que fue resultado de un acuerdo entre las élites, permitiendo que durante la democratización el poder continuase en manos del mismo grupo que lo retuvo en la época dictatorial.

     En la década de 1990, finalmente el Brasil se adhirió a la idea de reducción del tamaño del Estado. Estado que hasta ese momento había sido no sólo el ente controlador y estabilizador de la economía, sino también su principal "combustible", como lo demuestra el hecho de haber sido el Estado quien comandó las inversiones con el objetivo de acelerar el desarrollo económico y tecnológico del país.

     En lo que se refiere a la política educacional brasileña imperante en la década de 1990, puede decirse que su objetivo central fue la disminución de los servicios ofrecidos por el Estado a la ciudadanía en general. Otro aspecto fue la "descentralización de responsabilidades", o sea, la municipalización de diversos servicios públicos básicos, tales como salud y educación. Esta transferencia de responsabilidades no fue acompañada por la descentralización de recursos financieros. Al contrario, el gobierno federal al substituir varios impuestos (una parte de cuya recaudación debe ser destinada a los gobiernos de los estados y de los municipios) por contribuciones fiscales (las cuales son enteramente destinadas a los cofres del gobierno federal), se evadió de la obligación de distribuir recursos a las administraciones estatales y municipales. Con ello, la delicada situación financiera de estos últimos, que ya era próxima a la insolvencia, se agravó a lo largo de esa década, creando un fuerte obstáculo a la pretendida autonomía buscada por el proceso de descentralización iniciado.

     Es bastante claro que la privatización y la transferencia de responsabilidades fueron concebidas como los ejes de las políticas públicas aplicadas en el Brasil durante la década de 1990 y el inicio de la de 2000. Esto se confirmó también en el caso de la educación.

     El objetivo central de este trabajo, en primer lugar, es el de comprender las nuevas características asumidas por las universidades como resultado de las reformas administrativas y educacionales implementadas por el gobierno federal durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso (FHC) y, en segundo lugar, identificar los alcances que la Reforma Universitaria emprendida por el actual gobierno, a través del Ministerio de Educación, viene obteniendo en su objetivo de intentar revertir esta situación. Otros objetivos específicos de este trabajo son los siguientes: a). Motivar una reflexión sobre el escenario forjado para las universidades a partir de los cambios ocurridos en los años noventa; b). Investigar si la reformulación que las universidades vienen protagonizando, desde los años 90 hasta el actual gobierno, tomó en cuenta la premisa de que la esencia de la universidad, de la enseñanza superior, es la producción de conocimiento; y c). Analizar si los programas propuestos por el gobierno de "Lula" da Silva contrarrestaron el proceso de privatización y promovieron la educación como un bien público.

     Para cumplir con estos objetivos este trabajo utilizó tres tipos de fuentes de información y análisis. En primer lugar, artículos y reportajes de periódicos y revistas, así como documentos del Banco Mundial; en segundo lugar, estadísticas oficiales, en buena medida provenientes del Ministerio de Educación; y, en tercer lugar, documentos sobre la Reforma Universitaria. Una descripción rápida de estas fuentes nos ofrece el siguiente cuadro: en los artículos y reportajes se encuentran análisis sobre la enseñanza superior en Brasil. Análisis, éstos, que en los documentos del Banco Mundial concluyen en propuestas de privatización. El examen de las estadísticas oficiales arroja indicadores cuantitativos y cualitativos de las fallas del sistema; y, por último, están los documentos sobre la Reforma Universitaria, en los que se encuentran sugerencias y propuestas que apuntan en diversas direcciones, algunas en favor de la consolidación del proceso de publicización de la universidad y, otras, en sentido contrario.

     Para cumplir con los objetivos anotados, este trabajo está dividido en tres secciones, además de esta introducción: la primera, en la que se analizan las tesis neoliberales del Banco Mundial para el sector educación; la segunda, en la que se presenta la estructura de la red de establecimientos de educación superior; la tercera, en la que se estudia la política seguida en el período 2004-2006 por el gobierno actual y, la cuarta y última sección, en la que se reúnen las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo.

 

1. El papel de las universidades latinoamericanas en las reformas neoliberales

La orientación del Banco Mundial para América Latina en lo que se refiere a la educación fue la de concentrar la inversión pública en la enseñanza primaria o de "primer grado", dejando la enseñanza superior (y posiblemente también la enseñanza media o de "segundo grado") en manos de la iniciativa privada. En Brasil, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el ministro de Educación, Paulo Renato Souza, permitió que las directrices de la enseñanza del país fuesen diseñadas por el Banco Mundial, inclusive las normas jurídicas respectivas, lo que representó una verdadera renuncia a la soberanía nacional, mucho más grave aún por tratarse de un sector estratégico como lo es la producción de conocimiento científico y la educación.

     La visión neoliberal no entiende el sistema educativo como un todo integrado e indivisible. No perciben que no existen posibilidades de mejorar la calificación del educador dedicado a la enseñanza básica fuera de la universidad. Tampoco entiende que es la universidad el locus adecuado para estudiar la educación y para la búsqueda de nuevos caminos y soluciones adecuadas a las particularidades educacionales de cada país e, inclusive, de cada región. En la visión del Banco Mundial, y los demás organismos internacionales de los cuales dependen los países en desarrollo, el dinero invertido en la universidad no representa una inversión en producción de conocimiento o de innovaciones que beneficien a toda la nación, sino, por el contrario, constituyen "un desvío, en favor de las clases privilegiadas, de recursos que son más necesarios a las clases más necesitadas de la sociedad". De acuerdo con este diagnóstico, el gobierno de Fernando Henrique (en sus dos gestiones, 1995-2002) aceleró intensamente la privatización de la enseñanza superior.

     Aunque oficialmente no haya existido una "Reforma de Paulo Renato" (ministro de Educación durante la mayor parte de los gobiernos del presidente Cardoso) del sistema universitario durante la administración de FHC, en la práctica, hubo grandes cambios en ese período como resultado del intento de ajustar el país al modelo educativo defendido por el Banco Mundial e impuesto a diversos países de América Latina por esta institución y otros organismos internacionales. Como consecuencia de esta política privatizante, hoy en día, el 70% de los estudiantes universitarios del Brasil se encuentran en las universidades privadas y, específicamente, en el estado de São Paulo este número llega a 82%.3

 

2. Algunas cifras sobre la oferta de establecimientos de enseñanza superior en Brasil

Según datos constantes en el Catastro de la Educación Superior del Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales, INEP, el Brasil cuenta actualmente con 2 mil 381 instituciones de educación superior (IES) legalmente reconocidas, de este total 177 son universidades (siendo dos especializadas), y la gran mayoría, 58.82%, son facultades, apenas. Este porcentaje aumenta si se incluyen las denominadas Facultades Integradas, 120 en total, y las Facultades Tecnológicas, 177 en total. (Véase Tabla 1).

TABLA 1. Número de IES,
según organización académica (2006)

Universidad

175

Universidad Especializada

2

Centro Universitario

112

Centro Universitario Especializado

1

Centro Federal de Educación Tecnológica

33

Facultad de Tecnología

177

Facultades Integradas

120

Facultades

1,400

Instituto Superior o Escuela Superior

361

Total

2,380

Fuente: INEP/MEC.

     El tema de la ampliación de la educación superior en América Latina fue influenciado por la ideología del "Estado mínimo" que predominó en la década de 1990. Por causa de esto, el debate sobre la epistemología y el paradigma que debería guiar a la universidad quedó ofuscado por el debate acerca de cual debería ser su principal fuente de financiamiento, si los recursos públicos o los recursos privados. El problema central de la privatización masiva de la educación superior en Brasil lo constituye el hecho de no haberse contemplado correctamente una cuestión epistemológica: la esencia de la universidad es la producción de conocimiento, siendo que la docencia y la proyección social, o sea, la difusión del conocimiento, son consecuencias de la primera. La investigación científica no es una actividad cuya rentabilidad aparezca en el corto plazo, por el contrario, se trata de una inversión de largo plazo y de interés nacional. Motivo por el cual las universidades privadas tienen dificultades en mantener núcleos de excelencia, a menos que cuenten con financiamiento público. En apoyo de esta sentencia se puede mencionar que todos los países que lograron conquistar el proceso de producción de conocimiento, de generación de tecnología y la incorporación de un alto valor agregado en su producción se caracterizan por destinar altos porcentajes de su renta nacional (PIB) al financiamiento de la investigación. En el Brasil, por el contrario, se constató una fuerte disminución de los recursos asignados a este fin, lo que no debe extrañar, ya que el gobierno esperaba que la iniciativa privada, y las universidades particulares en especial, asumiesen el financiamiento de la investigación en el país.

     La base sobre la cual se erigió este proceso fue el Plano Director de la Reforma del Estado de 1995, elaborado por el entonces recién creado Ministerio de Administración y Reforma del Estado (MARE), según el cual la reforma debería "ser entendida en el contexto de la redefinición del papel del Estado, que dejaría de ser responsable directo por el desarrollo económico y social, fortaleciendo su función de promotor y regulador del desarrollo" (Peroni, 1998: 5).

     A propósito del tema de la privatización, cabe anotar la definición de Gentili (2004), quien caracteriza este fenómeno en los siguientes términos:

(...) delegar responsabilidades públicas a las entidades privadas. A pesar de la disminución del papel del gobierno como proveedor de servicios educacionales y ser una consecuencia inmediata del proceso de privatización, el consecuente aumento de la oferta del sector privado hace necesario el fortalecimiento del Estado pues la propia dinámica del proceso de delegación de responsabilidades así lo exige. De esta forma, lo que está en juego no es el alejamiento de la acción estatal sino su reformulación (Gentili, 2004: 1).4

 

3. Políticas públicas para la educación superior en Brasil en (2004-2006)

Madalgy Telles, al referirse a la transformación de la universidad, afirma: "se trata, pues, de un ethos que no se da ni por decretos jurídicos ni por decisiones administrativas".5 Sin embargo, si lo que importa es "la construcción de condiciones de posibilidad", es necesario reconocer que las políticas públicas tienen influencia en la conformación de esas posibilidades, pues ellas traen implícito un modelo de enseñanza superior.

La universidad brasileña tiene aproximadamente 80 años, Su tiempo histórico es mínimo, en relación al de la universidad europea, sin embargo brindó importante contribución a nuestro desarrollo. Las soluciones que buscamos ante la actual crisis, procuran la garantía de su permanencia, así como un cambio de paradigma para su perfeccionamiento. La sociedad brasileña precisa y requiere de la universidad propuestas que la tornen más igualitaria y justa. En nuestras mejores universidades se formaron los líderes que gobiernan el Estado así como sus críticos, tal como proponía el modelo francés. (Lucchesi, 2004: 4).

     En este momento la sociedad brasileña discute la reforma universitaria propuesta por el gobierno de "Lula", bajo la conducción del ministro de Educación, la autonomía y expansión de las universidades públicas federales constituye uno de los puntos centrales de esta discusión. Otro punto central del debate gira en torno de la dificultad de acceso a la educación superior por parte de los segmentos más pobres de la población. Problema que tiende a agravarse con el empobrecimiento de la población ocurrido en los últimos años.

     La reforma a la que se asiste en este momento tiene una lógica opuesta a la que inspiró las medidas introducidas durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Se trata, apenas, de una postura ideológica diferente, hecho esperable si se considera que en estos momentos el gobierno federal es conducido por un partido que se identifica como de izquierda y antineoliberal; se trata más de un "choque de realidad". La intensidad del proceso de privatización de la enseñanza superior en el Brasil llegó a tal punto que superó ampliamente los límites de lo razonable, como lo demuestra la tasa de ociosidad actualmente existente en las universidades particulares, que corresponde al 47% del total de las vacantes ofrecidas. No es posible, por lo tanto, elevar el número de estudiantes universitarios apoyándose en los esfuerzos de las instituciones educativas del sector privado, como lo pretendía el gobierno anterior.

     En vista de este cuadro, y con el doble objetivo de socorrer a las instituciones del sector privado y, al mismo tiempo, ampliar la oferta de vacantes para los alumnos de bajos ingresos, el actual gobierno federal creó el Programa Universidad Para Todos (PROUNI). Por medio de éste se conceden a las instituciones privadas de educación superior incentivos fiscales, a cambio de lo cual esas instituciones deben reservar un porcentaje de vacantes gratuitas para estudiantes de bajos ingresos egresados de la red de escuelas públicas y, en algunos casos, para estudiantes pertenecientes a determinados grupos étnicos. En este programa también estarían incluidos los profesores de primaria de las escuelas públicas que no tuviesen formación superior.

     Las bondades y ventajas del PROUNI parecen ser opacadas por los resultados que emanan del Examen Nacional de Cursos, como también de otros instrumentos de evaluación de la enseñanza superior, pues en éstos se constata que la calidad de los servicios educativos ofrecidos por las instituciones privadas deja mucho que desear cuando las comparamos con las instituciones públicas. Lo que lleva a algunos críticos a concluir que el dinero público estaría siendo utilizado para financiar programas académicos poco recomendables.

     Creado por el gobierno federal en 2004 y sancionado por el Congreso el 13 de enero de 2005, aprobado como Ley de número 11,096, el PROUNI hace posible el acceso de millares de estudiantes de familias socialmente desfavorecidas a la educación superior. El programa concede becas integrales y parciales para la realización de cursos universitarios tradicionales (tendientes al bachillerato o graduación) o de cursos técnicos, de contenido específico, en instituciones privadas de enseñanza superior. Los establecimientos que se adhieren al programa se hacen merecedores de beneficios tributarios.

     En el año 2005 el PROUNI concedió 112 mil 275 becas y en 2006 este número se elevará hasta 138 mil 668, lo que representa un aumento de 24%. Durante el segundo semestre académico de 2006 serán otorgadas 43 mil 614 becas integrales y parciales. En total, el PROUNI ofreció 47 mil 59 becas para este segundo semestre, las cuales fueron disputadas por 200 mil 969 candidatos. Las 3 mil 445 becas restantes serán asignadas posteriormente. El tipo de beca con la cual los estudiantes son beneficiados, integral o parcial (esta última equivalente al 50% de la primera), depende del ingreso familiar del candidato.6

     Esta propuesta, en vigor desde el año de 2005, está sufriendo dos tipos de críticas. Las instituciones privadas consideran que el porcentaje de vacantes, propuesto por el gobierno, que deben ser reservadas, equivalente al 10%, es muy alto, y luchan para reducirlo a 7%. Por otro lado, entidades vinculadas a la educación pública alegan que esos valores presentarían mejores resultados si fuesen aplicados para ampliar las vacantes en la educación pública y, sobretodo, para recuperar los niveles del presupuesto aplicados en el sector anteriormente, pues éstos tuvieron una drástica reducción en el gobierno de Fernando Henrique.

     Ambos grupos de entidades reconocen también, que la enseñanza superior pública brasileña es significativamente de mejor calidad que la privada, como quedó comprobado con los resultados de los últimos años del Examen Nacional de Cursos. De esta manera, el dinero público estaría siendo utilizado para financiar cursos de baja calidad, en vez de otros cursos de mejor nivel.

     La reforma del gobierno de "Lula" para el sector educación incluyó también el Programa Expandir, cuyas características, según el Ministerio de Educación son las siguientes:

Uno de los objetivos de la Reforma Universitaria es la expansión de las Instituciones Federales de Educación. Si las acciones previstas por el programa se concretizan, se espera que hasta 2010 éste permita generar 125 mil nuevas matrículas, un aumento de 21,75% sobre las actuales 574 mil 584 existentes en la red federal de educación superior (Censo de 2004). Con la expansión e interiorización de la educación superior, iniciada en 2004, 17 mil 410 alumnos nuevos ingresaron en las universidades federales y, hasta el final de 2007, R$ 712 millones de reales (alrededor de 310 millones de dólares) serán invertidos en el programa. Los primeros convenios fueron firmados en 2005 y el primer campus construido por el programa Expandir fue el de Garanhuns, estado de Pernambuco. "Después de diez años de stagnation (estancamiento), el Plan de Expansión de la Red Federal de Educación Superior se consolida, aliando las necesidades y la vocación económica de cada región". Según Manuel Palacios, el programa contribuye para la reducción de las desigualdades regionales, del desempleo, democratiza la educación superior e impulsa el desarrollo del país. (MEC, 2006).7

     El análisis de los programas auspiciados por el gobierno de "Lula" da Silva apunta a una mejoría del sistema público de educación superior y al aumento del acceso a la universidad por parte de los sectores socialmente más necesitados. Sin embargo, para evaluar el éxito del programa es necesario tener en cuenta no tan sólo este último aspecto, sino además la capacidad que demuestran estas medidas de reformular, contrarrestar, aunque sea en términos parciales, las secuelas del proceso de privatización. Ya que el estado actual de los establecimientos particulares de educación superior, inclusive de algunos de los más prestigiados y tradicionales, demuestra que éstos no se encuentran en condiciones de colaborar, con nuevas inversiones, con los objetivos perseguidos por el programa del Gobierno Federal, a saber, la continuación de la expansión del sistema, continuada mejoría de la calidad de la enseñanza y la institucionalización de la investigación.

 

4. Consideraciones finales

Las reflexiones construidas a partir del marco teórico utilizado demuestran que la reforma del estado brasileño representó una estrategia política y económica esencial para alcanzar la privatización de la educación superior en el Brasil. Una de las grandes fallas de la reformulación conducida bajo la orientación del Banco Mundial fue la falta de una política para el área de investigación, lo que dejó a las universidades alejadas de su ethos, su función principal, a saber, la producción de conocimientos.

     La Reforma Universitaria pretende hacer realidad las líneas centrales de la propuesta para la educación superior enarboladas durante la campaña electoral al gobierno federal. Entre las que estaban incluidas una relativa ampliación del papel del Estado, como lo denota el aumento de las vacantes y las matrículas en la educación superior, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y del subsistema de enseñanza universitaria, el estímulo a la calidad, asociado a una pequeña elevación de la inversión pública en el sector educacional, una mayor fiscalización de las instituciones privadas, mediante las exigencias de registro y la institución de mecanismos de evaluación permanente, buscando que estas cumplan eficazmente con su función social.

     El actual gobierno debe comprender e implementar acciones en el plano educacional, de forma que pueda devolvérsele su carácter de bien público, lo que significa en estos momentos apoyar las iniciativas en favor de la participación social y que desarrollen la consciencia ciudadana. Pues, si la educación no incentiva el pensamiento crítico y autocrítico, la participación, la responsabilidad, el respeto, la sana convivencia con lo diferente, así como la inclusión y la igualdad, no cumple su función de bien público.

 

Notas

1. Versión libre del traductor de esta cita, así como de todas las que aparecen en este texto.

2. "Son públicos los bienes de dominio nacional pertenecientes a las personas jurídicas de derecho público interno, todos los otros son bienes privados, cualquiera sea la persona a la que pertenezcan". (Cf. Artículos 20 y 26 de la Constitución Federal de Brasil y los artículos 98 y 99 del Código Civil Brasileño).

3. Fuente: Ministério da Educação (Brasil), MEC/2006.

4. Disponible en: http://www.lpp-uerj.net/publicacoes.htm (Consultado el 18-VII-04).

5. Magaldy Telles. "Sobre el carácter de la crisis actual de las universidades. ¿Qué es lo que está en crisis?", en: Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (Año VI, núm. 10). Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, abril de 1997. p. 9.

6. Fuente: http://portal.mec.gov.br/index. Brasilia, 2 de agosto de 2006. (Acceso: 2-VIII-06).

7. Idem.

 

Referencias bibliográficas

MINISTÉRIO da Educação (MEC-Brasil). "Programa universidade para todos; democratizando a universidade". Assessoria de Comunicação Social. Brasília, DF, 2004. Disponível em: http://www.mec.gov.br (Consultado: 2 de agosto de 2006, acceso: 2-VIII-06).

_________. Programa Expandir, Assessoria de Comunicação Social. Disponível em: www.mec.gov.br/reforma/Noticias. Brasília. (Consultado: 2 de agosto de 2006, acceso: 2-VIII-06).

_________. PROUNI. Legislação: Decreto Nº 5,245 de 15 de outubro de 2004, que regulamenta a Medida Provisória Nº 213, de 10 de setembro de 2004, institui o Programa Universidade para Todos (PROUNI); A Instrução Normativa SRF Nº 456, de 5 de outubro de 2004. Disponível em: http://www.mec.gov.br (Consultado em: 26-II-05).

GENTILI, Pablo. "A privatização da política educacional: dez questões", em: Boletim de Políticas Públicas (Nº 1). Laboratório de Políticas Publicas. Disponível em: http://www.lpp-uerj.net/publicacoes.htm (Consultado em: 18-VII-04).

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