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Cítese este artículo como: Campechano Covarrubias, Juan. "¿Podrá la educación llegar a ser una Política de Estado?", artículo publicado en: La Tarea, revista de educación y cultura de la Sección 47 del SNTE/Jalisco (núm. 19, diciembre de 2006).
¿Podrá la educación llegar a ser una Política de Estado?

Juan Campechano Covarrubias*
* Integrante del Colegiado de Negociación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Comentario introductorio
Presento en este artículo una serie de reflexiones sobre el tópico de la educación, desde del nuevo escenario que se ha venido conformando a partir del gobierno del PAN y de la situación del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Educación. Existen diferentes elementos de la historia y del contexto social de nuestro país, que son el marco sobre el que se debe pensar la acción del Estado y su impacto en el desarrollo del fenómeno educativo.
     Estamos viviendo momentos de transición, donde un sistema socio-económico-político se está transformando. Los más de setenta años de gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del sistema político que configuró, dejaron una serie de prácticas, en las formas del ejercicio del poder, del gobierno y de la relación del aparato del Estado con la sociedad. Se fue estableciendo en el comportamiento de los individuos, en la sociedad mexicana, un margen de tolerancia hacia la corrupción, el influyentismo, la impunidad, la simulación y la arbitrariedad, que fueron mermando lo que los politólogos llaman Estado de Derecho.
     Cuando las recurrentes crisis económicas fueron aumentando la inconformidad social contra el régimen, comienzan a cuestionarse los diferentes elementos constitutivos del poder del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), que son las bases sobre las que se asienta su legitimidad. Los partidos políticos, las instituciones que imparten y procuran la justicia, las estructuras del gobierno, los elementos del poder legislativo, comienzan a perder legitimidad a los ojos de la población.
     En un momento histórico donde la necesidad de una reforma del Estado se presenta como un punto importante de la agenda política, existe desconfianza sobre la honestidad y eficacia de las instituciones.
     En contraparte, una de las instituciones sociales que goza de mayor aceptación y confianza de los ciudadanos es la escuela y el servicio educativo.
     La pregunta que se presenta al inicio de este escrito, es la que pretendo responder en tres momentos; en un primer momento, considero necesario definir una serie de conceptos y establecer un marco conceptual para mi argumentación sobre la posibilidad de establecer una Política de Estado para la educación. En un segundo momento, expondré aspectos que operan a favor o en contra de los actores que buscan definir esa Política de Estado y, en un tercer punto, ofreceré argumentos para que el servicio educativo y su realización en educación, se convierta en Política de Estado.
     Quienes nos dedicamos a la educación debemos ser actores, tanto de las prácticas cotidianas que dentro de las aulas, a través de la interacción maestro-alumno, realizan la enseñanza y el aprendizaje, y que son la razón de ser del servicio educativo cuando logran educar; así como de la conceptualización de los fenómenos macro sociales que definen las grandes transformaciones del sistema educativo a escala nacional, que es donde se inscribe la posibilidad de establecer a la educación como Política de Estado.
     Espero que mis aportes ayuden a mis colegas profesores y otros interesados a debatir sobre este ámbito de la política educativa.

1. Algunos conceptos básicos
Las palabras van adquiriendo diferentes significados a partir de los usos de quienes las emplean que, en ocasiones, representan cosas diversas y hasta contradictorias. Tanto las palabras "Estado" como "política", o "gobierno", son de uso común, pero, a veces, no son definidas con claridad o no existe acuerdo sobre su contenido conceptual. Tratemos de razonar sobre todos los conceptos que nos ayuden a entender lo que es una Política de Estado.
     Para que el hombre (en el sentido genérico, que incluye mujeres y hombres) pueda subsistir, necesita del concurso de otros hombres; una reunión primaria de hombres constituye un grupo. Las integraciones grupales van adquiriendo mayor complejidad, lo que dará origen a comunidades y pueblos. Efraín González Luna dijo alguna vez que "Es sociedad toda comunidad humana que se propone la realización de un fin común y que, puesto que se lo propone, tiene conciencia de él. El término pueblo indica un sujeto demográfico y etnográfico capaz, generalmente, de vida nacional". (González Luna, 1998: 140-141) Continua diciendo… "la nación es un pueblo viviendo en un territorio determinado, un pueblo unido en la conciencia del ser común, unido en la conciencia de la identidad que lo liga consigo mismo siglos y siglos atrás, unido por el lenguaje, la historia, por la cultura y por la fe. Si, además, a estos factores de unidad se añade, como sucede generalmente, el formidable aglutinante biológico que es la raza, el vigor del ser nacional se fortalece todavía más". (González Luna, 1998: 143-144).
     No existe una definición generalmente aceptada de lo que es el Estado, pero señalemos algunas, dice Hans Kelsen que "El Estado es la comunidad creada por un orden jurídico nacional (en oposición al internacional). El Estado como persona jurídica es la personificación de dicha comunidad o el orden jurídico nacional que la constituye". (Kelsen, 1995: 215-216).
     Para Carré de Malberg "…podría definirse, pues, cada uno de los Estados en concreto, como una comunidad de hombres fijada sobre un territorio propio y que posee una organización de la que resulta para el grupo, considerado en sus relaciones con sus miembros, una potestad superior de acción, de mando y de coerción". (Carré de Malberg, 2001: 26).
     González Luna agrega que "La nación determinándose de manera autónoma para darse una organización política y jurídica constituye, pues, el Estado". (González Luna, 1998: 146). Una última definición nos la ofrece José Ayala Espino, "…el Estado moderno es definido como una organización e institución dotada de poder, económico y político, para imponer el marco de obligaciones, regulaciones y restricciones a la vida social y al intercambio económico. Es decir, define el campo de lo permitido y lo prohibido y genera las estructuras de incentivos y/o desincentivos para que los individuos se involucren en el intercambio y en la búsqueda de la cooperación". (Ayala Espino, 2004: 32).
     Con base en lo anterior podemos establecer: primero, el Estado está referido a la organización jurídica y normativa de una nación; segundo, como organización, el Estado está dotado de poder político, económico y de coacción sobre los ciudadanos y grupos de una nación.
     Parte esencial de lo que define al Estado es su capacidad para establecer un orden jurídico o un sistema de normas que regulen toda la conducta social y de los individuos en sociedad. Este sistema de normas tiene una jerarquía que va desde una Ley Suprema, que es la Constitución, hasta sus derivados, a través de leyes particulares (de Educación, de Comunicaciones, Penales, del Trabajo, etc.). Y reglamentos, por ejemplo el Reglamento de Tránsito.
     El Estado, a su vez, como poder, puede desdoblarse a través poderes como el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, para realizar acciones concretas en y hacia la sociedad, requiere de un grupo de sujetos que realicen materialmente el ordenamiento jurídico y normativo. Este grupo de individuos que operan las acciones del Estado, constituyen el Gobierno.
     Muchas veces se confunde al Gobierno con el Estado, y cuando algunas personas o grupos están en contra del Gobierno se cree que están en contra del Estado. También, muchas veces, un gobierno, para eliminar a sus opositores dice que atentan contra el Estado.
     El poder que detentan los gobernantes les viene conferido por el Estado y el orden jurídico que lo genera y lo delimita. Aunque, muchas veces, los ciudadanos comunes asumen que los gobernantes son el poder y tienen poder para hacer lo que quieran con el gobierno, la sociedad y los individuos, lo cierto es que, en el origen, se encuentra el poder del Estado.
     Actualmente, en los Estados democráticos, las acciones de gobierno se guían por los planes y programas del gobierno, a través de los cuales se definen las políticas de dicho gobierno que, teóricamente, son en beneficio de la sociedad. En una definición no exenta de polémica, se puede definir que las políticas públicas que se originan principalmente en el gobierno, son "…la serie de acciones orientadas a un objetivo público y que se desarrollan por el gobierno con la participación de la sociedad y el sector privado". (Lecay, 2005: 16).
     Sin embargo, como se ha venido argumentando, el Estado es la organización jurídica y normativa de una Nación, que le da un poder político, social, económico y de coerción sobre los ciudadanos, regulando y normando su conducta con respecto a los otros con los que convive. Por lo tanto, se debe distinguir entre una política pública de algún programa de gobierno y lo que constituye una Política de Estado. Al respecto coincido con Pablo Latapí cuando dice: "Entiendo por ‘políticas’ ciertos modos constantes de proceder a los que se otorga prioridad", parece que lo característico de una política de Estado está dado por su contraste con una política meramente gubernamental, o sea definida y ejercida por el gobierno en turno. El rango de Política de Estado, que se muestra por su mayor estabilidad temporal, se asocia con otros requisitos (no todos esenciales), como los siguientes:

  • Que el Estado, a través de varios de sus órganos, se involucre en su propuesta y formulación.
  • Que cuente con alguna base en la legislación (constitucional, ley secundaria u otra disposición) que no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno o, al menos, no sólo del poder ejecutivo.
  • Que el público, particularmente los grupos ciudadanos afectados por ella, la conozcan y, en términos generales, la acepten.
  • Y, que exista alguna forma de rendición de cuentas, respecto de ella, de parte de las autoridades responsables de aplicarla". (Latapí, 2004: 49-50).

     El mismo autor señala que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, por sus características, puede ser considerado como Política de Estado.
     A continuación, expondré algunos factores que contribuyen a que una Política de Estado pueda definirse y operarse.

2. Aspectos que operan a favor y en contra para establecer a la educación como Política de Estado
Como se afirmó desde el principio, como Nación, estamos en tiempos de cambios y transformaciones. La transición que vive actualmente nuestro país se inicia, desde mi punto de vista, con cambios en el sistema económico, que implican principalmente el abandono de un modelo de economía mixta donde, el Estado, a través del gobierno era propietario de un gran número de empresas, hasta una reducción drástica del papel del Estado como empresario. Actualmente, sólo áreas como el petróleo y la electricidad son las grandes empresas propiedad del Estado.
     Paralelamente a esta liberalización de la economía, se fueron gestando movimientos políticos y sociales que demandaban una participación real en la política del país. A través de los partidos políticos y grupos de la sociedad civil, se genera un movimiento democratizador que culmina con el triunfo de Vicente Fox Quesada en las elecciones del 2 de julio del año 2000.
     Existen otras asignaturas pendientes en diversas áreas como la procuración e impartición de justicia, la desigualdad social y seguridad pública, por sólo mencionar tres de las más importantes.
     Existe todavía en nuestro país un grave problema para hacer coincidir el "Estado Legal" con el "Estado de Derecho", como dice Guillermo O’Donnell: "En no pocas regiones, que incluyen no sólo las distantes de los centros políticos sino de la periferia de las grandes ciudades, el Estado burocrático aparece bajo la forma de edificios y funcionarios pagados por el presupuesto público, pero el Estado Legal se ha evaporado: la legalidad estatal se aplica, en el mejor de los casos, de manera intermitente y discrecional. Más importante, esa legalidad truncada está rodeada por leyes informales controladas por los poderes privados –patrimonialistas, sultanistas o simplemente gangsteriles– que son el real gobierno de esas regiones. Este sistema de normas informales, salpicado ocasionalmente por reapariciones del sistema legal, da lugar a un mundo de extrema violencia, como lo acredita abundante información, proveniente tanto de zonas rurales como urbanas. Estas ‘zonas marrones’ son sistemas subnacionales de poder con base territorial y un sistema legal, informal pero eficaz, que coexiste (de manera que la teoría democrática emanada de los países altamente desarrollados no ha previsto) con un régimen que al menos en su centro es democrático". (O’Donnell, 2004: 25-26).
     Aunque existe, en diferentes medidas y en los diferentes niveles de gobierno, un esfuerzo por ir combatiendo la impunidad y la ilegalidad, todavía existen en nuestro país estas zonas marrones de las que habla O‘Donnell, véanse ciertas zonas de comercio informal del centro del Distrito Federal, o zonas de Sinaloa o Tamaulipas donde lo que impera son las normas de los capos del narcotráfico. Aparte de esto, existen varios factores que se deben analizar, señalaré tres: está presente una cultura en el sistema político mexicano que primero establece un ordenamiento legal antes que plantearse su posible realización y su viabilidad real, como la obligatoriedad de la educación secundaria y preescolar; el aportar el 1% por ciento del PIB para investigación científica y tecnológica, establecido en la Ley General de Educación (se considera que estando en la ley, existe la posibilidad de exigir al gobierno su cumplimiento), aunque esto no sea posible en términos reales. Un segundo aspecto se refiere al poco respeto que muchos ciudadanos tienen por las leyes y las normas, mismas que buscan torcerlas, desde la infracción al Reglamento de Tránsito, hasta aspectos relacionados con el contrabando y los derechos de autor, por sólo citar estos casos. Un tercero y último aspecto, es la desconfianza de las personas en denunciar los ilícitos por temor a represalias de los maleantes, o por los problemas que causan las denuncias en cuanto a pérdidas de tiempo y posibles resultados de las gestiones, en algunos casos las autoridades responsables desalientan a los denunciantes y demandantes.
     La posibilidad de materialización de una Política de Estado implica el involucramiento de todos los actores sociales y políticos, y que todas las acciones se realicen en un plano de corresponsabilidad hacia ese fin. En el ámbito de la educación existen diversos factores que obstaculizan esa posibilidad. En el área de gobierno existen, en ocasiones, falta de conocimiento e incompetencia de algunos funcionarios, lo que conduce a la falta de operación o inexistencia de políticas claras y eficaz empleo de los recursos destinados a educar. En la organización sindical de maestros, en ocasiones prevalecen prácticas a través de las cuales se protege a los incumplidos y se apoyan más las lealtades que la competencia para educar, al momento de incidir en promociones. A nivel de sociedad, muchas veces los padres de familia no dan seguimiento al desarrollo del proceso educativo de sus hijos y de los resultados que van obteniendo.
     Sin embargo, en el ámbito de la sociedad en general, existe un alto aprecio por el trabajo docente y por lo que se realiza en el sector educativo. Dicho aprecio se puede canalizar positivamente para apoyar las políticas que se promuevan para mejorar la educación, lo que debe ser paralelo a la vigencia del Estado de Derecho.

3.Hacia la educación como Política de Estado
Se habla mucho sobre la globalización o mundialización, se habla también de un nuevo modelo de sociedad que se ha denominado sociedad del conocimiento o sociedad de la información. Lo que está dando valor agregado a los bienes que se producen actualmente, es el conocimiento, el saber que se aplica al producirlos. La era de las grandes fábricas de bienes de capital, como las grandes empresas productoras de automóviles, están siendo desplazadas por compañías que operan con productos del conocimiento y que tienen que ver con la información, como Microsoft.
     Si avanzamos hacia una sociedad del conocimiento, la escuela y el lograr una educación eficaz y de calidad, será estratégico y vital insertarse en ella. Los resultados que nos ofrecen las evaluaciones nacionales e internacionales cuestionan la calidad y los resultados que se están dando en nuestras escuelas. Ir acercándonos a una cultura de la evaluación y rendición de cuentas, nos puede ir dando información sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, y qué necesitamos mejorar o cambiar hacia el futuro. Debemos ir acercándonos a una sociedad que premie el esfuerzo, los buenos resultados, la responsabilidad, el compromiso con la tarea de la educación. Los tiempos en los que se premiaba más a un maestro por su participación en política que por los resultados educativos que tenía, deben de llegar a su fin. Ese fenómeno es similar a quienes sólo se preocupan por promoverse salarialmente, y no por que los incrementos y los salarios que obtienen se correspondan con los resultados que alcanzan en su trabajo educativo.
     Considero que existe, sobre todo desde el gobierno federal, un esfuerzo por superar la simple política educativa de gobierno y crear las condiciones de posibilidad para una Política de Estado. Al igual que el doctor Pablo Latapí, considero que la continuidad y el trascender los vaivenes sexenales pueden ir configurando una Política de Estado en educación. Según mi punto de vista, para materializar a la educación como Política de Estado en el marco jurídico y normativo, así como a lo contenido en los planes y programas de gobierno, sólo falta que todos los involucrados, en todos los niveles (gobiernos federal, estatal, municipal; sindicato de maestros, nacional, seccional y delegacional en los estados; asociaciones de padres de familia; medios de comunicación, etc.), en un plano de corresponsabilidad y en el marco del Estado de Derecho, se comprometan honestamente con la tarea educativa. Considero que es posible y necesario porque, a fin de cuentas, lo que se juega con el éxito o el fracaso en la educación, es uno de los pilares que están construyendo nuestro futuro como nación. Además, porque estamos retrasados en ofrecer una educación de calidad para nuestros niños, jóvenes y adultos en estos tiempos de acelerados cambios.

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