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Revolución a la derecha
(Las apostillas –notas entre paréntesis– que presenta este trabajo, así como la nota final son de la Mtra. Lourdes Bueno, autora del artículo precedente que sirve de presentación al texto de Didrikson; ambos forman una unidad que facilita la comprensión de la temática abordada)

Axel Didrikson*
* Investigador titular del Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El sentido público de la universidad mexicana, su responsabilidad social, su pertinencia, su autonomía, su destino como el sector de producción y transferencia de conocimientos profesionales relacionados con prioridades nacionales, están bajo asedio. Para el gobierno de Vicente Fox, y para quienes tienen como encargo administrar y dirigir las políticas de educación superior, las universidades públicas tendrán que verse sujetas, durante el sexenio, a determinados cambios desde una orientación de mercado, para redefinir su oferta, su demanda y las condiciones básicas de su funcionamiento y operación. Por lo menos esto está presente en el discurso y en el contenido de sus políticas. El sentido de los cambios que se promueven es hacia una modernización conservadora, muy "revolucionaria" –si se quiere adoptar este término–, pero hacia la derecha.
    El conocimiento que se genera en las universidades ha pasado a ser un componente fundamental para la competitividad y el desarrollo económico de los países. Es éste, el conocimiento, el factor principal para la innovación de los procesos productivos y, por ende, para la generación de la riqueza social. Sin embargo, no todo conocimiento per se incide en la valoración de los procesos y productos económicos, sino un determinado tipo de conocimiento relacionado con las nuevas áreas de la ciencia y la tecnología, como la biotecnología, las telecomunicaciones, la microelectrónica, la biogenética, los nuevos materiales, las ciencias del espacio, las del análisis simbólico, entre otras. Un sistema de educación superior que no está encajado en la producción de este nuevo tipo de conocimientos, no tiene vigencia en el marco de las trayectorias de un país emergente de impacto activo en la nueva división internacional del trabajo.
    Para el gobierno del PAN, la educación tiene este valor económico fundamental, pero se reconoce que se requieren realizar importantes cambios institucionales, sobre todo entre las universidades públicas, para que esto pueda hacerse efectivo. Se parte de la idea de que las instituciones privadas están enmarcadas en la lógica del mercado y la competitividad, pero no así las de carácter público.
    Desde la campaña política de Vicente Fox a la Presidencia se puso el énfasis en la educación superior como aspecto importante para la creación de "capital humano", y como factor central para la competitividad del país con el mundo, siempre y cuando se adopten en ella los valores de la "calidad" (total) tal y como se presentan en las empresas productivas y de servicios más dinámicas: "contagiar la pasión por la calidad", ha sido el slogan que se ha manejado desde entonces para orientar los cambios en las instituciones.
    Esto supone, para las universidades públicas mexicanas, llevar a cabo una adecuación sustancial porque la mayoría de ellas carece de este espíritu tan empresarial y tan funcional, como para operar con un esquema ideal de mercado y competitividad. El problema no es si lo desean o no, sino que su trayectoria histórica y la realidad de la mayoría de las instituciones dista mucho de estar en posibilidades de realizar el tipo de cambios que les proponen, por lo menos en el corto y el mediano plazos.
    Esta realidad se conoce, pero aún así se busca postular un esquema ajeno a sus posibilidades, con caminos alternos que alcancen a desarrollar una perspectiva mucho más adecuada y pertinente a los intereses que se pretenden desde el actual gobierno, a pesar de que se reitera la misma simpleza, ya demostrada como equivocada, de buscar el acomodo a esquemas predefinidos que son adecuados para otros países, pero no para el nuestro.
    Esta paradoja de los hacedores de las políticas hacia la educación superior: la certeza de la complejidad de la realidad de las universidades mexicanas frente a la postulación incólume de las políticas para enmendarla, se ha hecho patente durante el lapso de los largos meses que ya lleva el presente gobierno.
    En el documento elaborado por el equipo de transición del presidente Vicente Fox Quesada, integrado por destacados especialistas en materia educativa, denominado "Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006" (mimeograma, noviembre, 2000), se ubican algunos de los más graves problemas de la educación superior, entre otros los siguientes:

1. Sistema poco integrado vertical y horizontalmente, así como una escasa coordinación entre las instituciones y entre los subsistemas. Funcionamiento irregular de la planeación y la coordinación en el nivel nacional y en las entidades federativas.
2. Calidad heterogénea entre subsistemas, entre instituciones y en su interior.
3. Incongruencias entre el perfil tipológico de las instituciones y las funciones que realizan.
4. Diversificación incompleta de los perfiles institucionales en el conjunto del sistema y en cada entidad federativa.
5. Prevalencia de modelos educativos centrados en la enseñanza.
6. Débil articulación entre la formación profesional y el mundo del trabajo, e insuficiente vinculación con el entorno productivo social.
7. Tasa de cobertura insuficiente y desigual en el territorio nacional.
8. Desequilibrios en la composición de la matrícula de licenciatura y posgrado por áreas del conocimiento y desconcentración geográfica insuficiente.
9. Matrícula insuficiente en programas de técnico superior, en posgrado y de alumnos extranjeros.
10. Índice bajo de eficiencia terminal y de absorción de licenciatura y diferencias considerables entre entidades federativas.
11. Movilidad escasa de estudiantes y académicos entre instituciones y subsistemas.
12. Estudios de alumnos y de egresados escasos y poco comparables.
13. Reducidos cuerpos académicos consolidados e insuficientemente distribuidos en el país.
14. Carencia de políticas para la renovación del personal académico.
15. Salarios bajos y tabuladores inadecuados en instituciones públicas.
16. Procesos de evaluación y acreditación poco diversificados y consolidados.
17. Marco jurídico insuficiente para regular el sistema en su conjunto.
18. Financiamiento inercial e inadecuado de la educación superior pública.
19. Recursos insuficientes para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones públicas.
20. Recursos muy limitados de apoyo al trabajo académico de profesores y alumnos en instituciones públicas y particulares.
21. Ausencia de una visión de largo plazo.

    Efectivamente se toman en cuenta áreas y problemas fundamentales, aunque faltan bastantes más, en el diagnóstico que se realiza. Para su reorientación y solución, los encargados de poner en marcha las políticas hacia el sector se están planteando alcanzar durante el actual sexenio algunas de las siguientes metas. (N. de la R.: los agregados que aparecen entre paréntesis son de Lourdes Bueno):

— Pasar de una tasa de cobertura del 18% del grupo de edad correspondiente a educación superior, al 28%. (Aunque no se explica de qué sectores sociales).
— Que en cada entidad federativa existan los seis tipos de instituciones de educación superior definidos por la ANUIES, que van desde una educación técnica profesional intermedia hasta una de alto nivel de posgrado. (Aunque no se explica si también contarán con tareas de investigación, o si se determinará el nivel de pertinencia de los estudios de los diferentes tipos de institución).
— Impulsar la incorporación de un nuevo enfoque educativo, flexible y eficiente, basado en el aprendizaje y que atienda al desarrollo humano integral, a la formación en valores y a la disciplina intelectual. Esta meta, se dice, estará vigente a partir del 2001. (No se explica cuál es la orientación pedagógica y curricular a la que se hace referencia).
— Duplicar el número de profesores para alcanzar una relación de 12.5 alumnos por profesor, de los cuales el 34% será de tiempo completo; de estos, casi el 50% tendrán posgrado. Para lograrlo habrá 10 mil becas para la realización de estudios de posgrado. (La calidad de los estudios que se ofrecen para estos profesores, el monto de estas becas y el para qué de la obtención de títulos tampoco se deja claro).
— Elevar significativamente la eficiencia terminal en toda la educación superior. (La importancia de si salen más o menos, o cómo salen los alumnos en cuestión, tampoco se explica).
— Contar con un sistema de educación superior nacional abierto, flexible y coordinado. Para el 2001 tendría que ponerse en operación una coordinación nacional para la planeación e integración del mismo; y para el 2002 impulsar políticas para su articulación con el sistema de ciencia y tecnología. Para ese año habrá mecanismos para asegurar una amplia movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores. (Durante años ha existido un sistema nacional de planeación, pero no se dice por qué no ha funcionado ni tampoco se explica por qué ahora sí va a funcionar; tampoco se abunda en torno a la manera cómo se propone llevar a cabo la transición de un sistema cerrado, como el que ahora existe, a uno abierto, como el que se propone).
— Crear y consolidar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de las Instituciones de Educación Superior. (Este sistema será el tema de mayor controversia en el sector, por el conjunto de implicaciones que conlleva en materia de fiscalización, de control de la autonomía y de jerarquización interinstitucional, junto con lo que trae consigo en materia de financiamiento).
— Crear un nuevo marco normativo para la educación superior, y una nueva Ley de Profesiones para el 2003. (Esto sí pone a temblar, porque no se sabe a ciencia cierta a lo que se hace referencia. Durante años se ha mencionado que se necesita modificar el artículo tercero de la Constitución, para redefinir el concepto de autonomía de las universidades; también que se requiere modificar el 123 para modificar las relaciones laborales en las universidades, para reglamentar las tareas académicas y otras tantas cosas más. Respecto de la Ley de Profesiones, desde Salinas se intentó lo mismo con el Tratado de Libre Comercio –TLC–, para asemejarse a la reglamentación de la práctica profesional de Estados Unidos, pero se vio que aquí las cosas operaban de forma diferente y se empantanó el asunto).
— A nivel del financiamiento federal, alcanzar en el 2006 la tasa del 1% del PIB para educación superior, pero desde el 2002 empezar a operar con un nuevo modelo de financiamiento "simple, transparente, multivariado, sustentado en criterios de desempeño institucional, que considere las diferencias del costo por alumno en los diferentes niveles y áreas del conocimiento y que privilegie la equidad" (Op. cit., p. 63). Asimismo, hasta el 2006, se proyecta una recuperación gradual del poder adquisitivo del salario del personal académico y administrativo, empatándolo con 1982. (Esto sí parece una verdadera burla: ¿de qué manera se quiere cambiar el sistema de educación superior si no se incrementa en serio su presupuesto durante el sexenio y no se alteran las condiciones de trabajo de su personal académico? Una simple reflexión: ¿por qué un profesional cualquiera con licenciatura obtiene un salario tres veces mayor que el científico que tiene grado de doctor y le ha facilitado a aquél el desarrollo del software, el medicamento, el código, la percepción cultural, el diseño, el algoritmo, el concepto, o la sofisticada idea, vuelta simple, con la que trabaja?).

    Como puede observarse, se detectan áreas y problemas fundamentales, pero se ha diseñado una estrategia de continuidad y cambios de poca profundidad para superarlos.
    Cuando en el debate internacional se está proponiendo un viraje radical y una transformación de fondo en las instituciones de educación superior (Cfr. UNESCO: Conferencia Mundial sobre Educación Superior, París, octubre de 1998), aquí, los lineamientos rayan en la timidez y en la reproducción, a otra escala, de lo existente.
    Para enfrentar la problemática de la educación superior hace falta mucho más que buenas intenciones o la promoción mercadotécnica de políticas endebles, sin fuerza ni sentido de orientación evidente. Anotamos a continuación una serie, breve, de componentes multiplicadamente debatidos, sin cuya solución poco podrá avanzarse en la reforma y transformación sustancial del sistema de educación superior del país.
    El conocimiento es un factor estratégico que depende, en gran parte y de manera fundamental, de los cambios que se realicen en las instituciones de educación superior. Esto requiere de acciones específicas para elevar la cantidad y calidad de la formación de investigadores en el país, sobre todo los ubicados en las áreas de frontera del conocimiento científico y tecnológico, que cuenten con los estímulos y la infraestructura suficiente y adecuada para poder desplegar todo su potencial. En el programa no se atiende de forma contundente este reclamo central de la comunidad científica nacional, ni se ve en perspectiva cómo se apoyarán las tareas de su formación en el corto y mediano plazos.
    Para poder trascender las limitaciones y contradicciones que se padecen en el sistema de educación superior se debe atacar de frente la obsolescencia de los conocimientos que se difunden, que se generan, y escasamente se transfieren desde el mismo. Esto no podrá cambiar si no se redefine la estructura de la oferta de carreras, si no ocurren modificaciones sustanciales en la orientación de la currícula, si no se abre una perspectiva alentadora para la realización de carreras académicas (de investigadores y profesores) y si no se modifican de forma sustancial sus condiciones laborales y de trabajo específico. En lo general, poco podrá ocurrir si no se reorienta el modelo de las universidades existentes, de carácter profesionalizante y disciplinarista. Para ello, no se puede encaminar el problema sólo diversificando las estructuras tradicionales, sino alterándolas hacia la trans e interdisciplinariedad y hacia los nuevos paradigmas del aprendizaje permanente. Esto no puede encaminarse, asimismo, si no se revisa seriamente la relación actual entre el bachillerato y la licenciatura, entre ésta y el posgrado, temas que, por cierto, evita tratar la actual política gubernamental, pero que se sabe están procurando lo contrario: su separación.
    Esto sería un grave error, porque bloquearía más la posibilidad de la articulación pedagógica entre los diferentes niveles y su reforma integral, evitando una continuidad formativa dentro de los nuevos paradigmas del aprendizaje y tendría como resultado una mayor fragmentación del sistema.
    La superación del actual estado de cosas, y de sus paradojas, no puede ocurrir tampoco si no hay una decisión severa respecto del financiamiento hacia la educación superior y respecto del aumento salarial hacia los profesores e investigadores. Por la labor que se realiza, se debe alcanzar hacia el fin del sexenio un 2% del PIB y no el 1% que se propone. Esto supondría incrementos anuales, a partir de ahora, de entre el 1% y el 1.5% para los años 2002 y 2003; y de entre el 1.5% al 2% para el 2004 y el 2005. Asimismo, la percepción salarial de los académicos debería ser la más alta del mercado laboral profesional, por la valoración que se debería tener de la labor que se realiza. (En verdad que no se entiende por qué el investigador que descubre el agente que produce un padecimiento, gane menos que el que promueve el medicamento que se patentó para su solución masiva. O, por qué quién construye un nuevo paquete pedagógico que multiplica las posibilidades de la enseñanza de miles de estudiantes gana menos que la persona que lo comercializa... entre otras paradojas).

Y, después de leer a Didrikson, terminaría diciendo que corresponde a todos, no sólo reflexionar sobre la educación pública, sino sobre todo, hacer que la educación pública vuelva a ser una realidad en México. Así, corresponde a todos, pero fundamentalmente a los trabajadores de la educación, romper el silencio, amarre de palabras, lazos de dañina inmovilidad. Porque los silencios hacen cómplices en el oscuro letargo de regresión que pesa sobre la conciencia social de este, nuestro país, un país que espera la respuesta de los maestros, hoy, todavía parte del sistema de educación pública de México.

Lourdes Bueno Macías

    Preocupan, entre otras muchas cosas más, los cambios que se pretenden y se anuncian hacia la normatividad en las instituciones de educación superior; así como la falta de mención del fortalecimiento de la autonomía de las mismas. Al parecer, se trabaja en el sentido de un mayor control, por la vía de la evaluación y la acreditación punitiva del "desempeño y la productividad", más que en la acción cooperativa y colegiada de las instancias académicas e institucionales. La competitividad entre instituciones no dejará avanzar hacia un sistema abierto y flexible, como se ha propuesto, sino hacia el lado contrario, hacia su enclaustramiento y la endogamia.
    En la definición de las prioridades se vé la orientación de las decisiones de política. No se ven cambios de fondo en lo que concierne al sector de educación superior, aunque tampoco se deberá esperar más de lo mismo. Parece paradoja, y lo es, así parecen éstas y muchas otras políticas del actual gobierno.